dilluns, 17 de novembre de 2014

la Pasucat denuncia aumento de casos de exclusion sanitaria en Catalunya

Artículo original en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/16/catalunya/1416164138_302111.html

En un pequeño piso de una angosta callejuela del barrio del Raval de Barcelona, una decena de personas entre médicos, enfermeras, pedagogos, educadores sociales y abogados se empeñan en seguir al pie de la letra el compromiso del consejero de Salud, Boi Ruiz, en 2012, que aseguró que garantizaría la asistencia médica a todos los inmigrantes en situación irregular; es decir, aquellos que no tuvieran papeles. El colectivo El Espacio del Inmigrante lleva dos años atendiendo y asesorando a los invisibles del sistema sanitario, los que no tienen, según un decreto ley del Gobierno central que restringe la atención sanitaria a los sin papeles, ni derecho a que se le abra una historia clínica.
La Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat), con la que colabora El Espacio, ha registrado y denunciado 72 casos de exclusión sanitaria en Cataluña desde la puesta en marcha del citado decreto hace dos años.
Pero los voluntarios a pie de calle advierten de que “esto es solo la punta del iceberg”. Pese a que, según el informe, Salud reduce la exclusión a “casos excepcionales”, la Pasucat asegura que los invisibles ya se cuentan por “cientos, quizás sean ya miles”.

El decreto de la Administración central eliminaba de una tacada la universalidad de la atención sanitaria y ligaba el derecho a la asistencia a las rentas de trabajo, esto es, a estar asegurado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Las personas en situación administrativa irregular se quedaban fuera, excepto en tres casos: urgencias, mujeres embarazadas y menores de edad.
Por su parte, el Departamento de Salud, contrario a las restricciones que planteaba el Gobierno central y que afectaban a unas 180.000 personas en Cataluña, sacó una instrucción en la que acordaba mantener la tarjeta sanitaria a las personas excluidas del Sistema Nacional de Salud que llevasen más de tres meses empadronadas en Cataluña. Pero, pese a ser más indulgente que el Gobierno central, la Generalitat seguía supeditando la atención sanitaria a requisitos como el empadronamiento, por lo que todavía quedaba un nicho de personas sin derecho a la tarjeta sanitaria, la que da paso a la sanidad universal.
La plataforma denuncia que de las 220.000 personas con tarjeta sanitaria reconocida por el Servicio Catalán de la Salud (Catsalut), pero no por la Administración central (INSS), 12.000 son de nivel 1 (llevan más de tres meses empadronadas y tienen derecho a atención primaria); 71.000 son de nivel 2 (superan el año de empadronamiento y pueden acceder al también al especialista); y unas 90.000 están registradas en la categoría de otras, sin más detalles. La plataforma sospecha que a los integrantes de este apartado “se les ha retirado la tarjeta sanitaria”.
El Espacio del Inmigrante atiende en Ciutat Vella a los excluidos de la sanidad 
Según el informe de la entidad, el 39% de los casos de exclusión tenían derecho a la asistencia porque se trataba de embarazadas y niños. En cuanto al motivo de incidencias, el 36% corresponden a facturaciones indebidas, mientras que al 11% de las personas registradas se les denegó directamente la atención sanitaria.
Iko, médico y portavoz de la Pasucat, explica que el registro se hizo previo consentimiento de los afectados, pero que las cifras son mucho más elevadas de las recogidas. “Algunos no quieren aparecer porque tienen miedo y no quieren poner reclamaciones porque están en situación irregular”, señala.
En El Espacio del Inmigrante de Ciutat Vella apenas cuentan con una pulcra camilla blanca, una mesa y un par de sillas de mimbre en la consulta. Un día a la semana, en sus horas libres, los dos médicos del colectivo reciben a personas que han sido excluidas del sistema sanitario. Los facultativos hacen una exploración básica para valorar la gravedad del paciente y lo derivan, de la mano de un grupo de apoyo que lo acompaña, a un centro de urgencias. Con la ley en la mano, los voluntarios que van con el paciente median con los servicios de admisiones de los hospitales para que los atiendan.
La plataforma Pasucat y los médicos de El Espacio coinciden en que la primera gran traba con la que se encuentran los pacientes excluidos es el personal del mostrador de admisiones. “El administrativo te dice quién tiene derecho y quién no, qué es una urgencia y qué no. La culpa no es suya, porque no les dan órdenes claras, reciben normas ambiguas de arriba”, apunta Iko. Y concluye una de las doctoras del Espacio del Inmigrante: “Los administrativos aplican la norma de una forma errónea y después de dos años del decreto, es una negligencia de ellos que todavía no estén informados”. La plataforma asegura que los médicos “son como avestruces, con la cabeza metida en la consulta y no se enteran de lo que pasa de puertas afuera”.

Una factura que al final no llegó

Sara Sawson con su hijo. / GIANLUCA BATTISTA
La plataforma que ayuda a los inmigrantes consiguió que Salud sacase una circular interna para recordar a los centros la obligatoriedad de atender a menores, embarazadas y urgencias. La entidad asegura que, precisamente los dos primeros colectivos, son los más sensibles. Es el caso de Sara Swanson, una sueca de 37 años que lleva una década en España. Cuando acudió a urgencias con su hijo de cinco meses por un cuadro de fiebre, el hospital quería facturarle la consulta porque el niño no tenía tarjeta sanitaria, a pesar de que por ser menor y una urgencia, su caso estaría contemplado entres las excepciones.
“No la tenía porque no habían llegado los papeles de Suecia para el padrón”, explica Sara. “Me dijeron lo de facturarme antes de atender al niño. Estaba muy nerviosa, así que iba a pagar lo que fuese. Al final, protesté, porque sentía que era un derecho y me atendieron”, añade. Aunque nunca llegaron a pasarle la factura, añade que también le pusieron trabas para darle cita para el pediatra. “Ahora pienso qué hubiese pasado si fuese algo más complejo, como una operación, y no tuviese dinero para pagarla”.

El Departamento de Salud, por su parte, reconoce estar “analizando los 72 casos del informe, pero asegura que no tienen “constancia de reclamaciones explícitas” y lo limita a que “de manera esporádica, se detecta alguna queja”. “Hay constancia de determinadas dificultades de acceso con el colectivo de gitanos rumanos y estamos proponiendo medidas que puedan solucionar sus dificultades”, concluye.
El Ayuntamiento de Barcelona, donde se registran la mayoría de los casos del informe de la Pasucat, reconoce que han detectado “unos 60 casos desatendidos por el sistema sanitario”. La médica del Espacio lo tiene claro: “Cada vez que alguien viene aquí, les rompemos el discurso a los que dicen que esto no pasa porque visibilizamos el problema”. Y concluye otro miembro del colectivo: “Nosotros existimos porque la política de otros ha fallado y dejaremos de existir cuando el decreto que niega la asistencia universal desaparezca”.

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