Vía
la marea:
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| Un inmigrante se manifiesta tras los recortes en Sanidad. FERNANDO SÁNCHEZ
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15 de julio de 2014
Maria Cappa
MADRID// Varios miembros del colectivo
Yo Sí Sanidad Universal han acudido esta mañana a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para denunciar, de nuevo, las
irregularidades en la atención sanitaria a los inmigrantes sin permiso de residencia
de la capital. A pesar de que el Real Decreto Ley 16/2012 garantiza la
atención sin coste para los miembros de este colectivo en los casos de
urgencias, mujeres embarazadas y menores, las personas que acompañan a
los inmigrantes a los centros sanitarios llevan dos años constatando que
son excepciones que no se cumplen.
Por este motivo, el pasado 22 de mayo se celebró una reunión entre
los responsables de las Subdirecciones Generales de Atención al
Paciente, Aseguramiento y Tarjeta Sanitaria y la Gerencia de Atención
Primaria con algunos de los integrantes del colectivo Yo Sí Sanidad
Universal, en la que se les presentó un
informe que contenía diversas “irregularidades y situaciones de exclusión no avaladas
por el RDL”. A consecuencia de ello, los responsables de las áreas
citadas se comprometieron a adoptar medidas urgentes para solventar este
incumplimiento de la ley vigente.
Casi dos meses después, ante la inacción de la Comunidad, el
colectivo Yo Sí ha decidido acudir de nuevo a la Consejería de Sanidad
para pedir explicaciones y exigir, otra vez, que se pongan en práctica
de manera inmediata las medidas previstas en la legislación. “Aunque la
garantía de asistencia sin coste para el paciente en los tres supuestos
citados son insuficientes, pues la atención sanitaria sólo es efectiva
si es integral y continuada,
dicha garantía es imprescindible para evitar muertes
como las de Jeanneth Beltrán, Soledad Torrico o Alpha Pam”, han
expresado mediante un comunicado leído a las puertas de la institución
pública.
La irregularidad que se comete con más asiduidad, según ha explicado
uno de los portavoces del colectivo, Pablo Meseguer, es la de cobrar la
asistencia en urgencias a los inmigrantes sin papeles. El motivo,
“la falta de información al personal de admisiones”,
tanto de los centros de salud como en los hospitales, “que desconocen
el procedimiento que hay que seguir en estos casos”. Esto implica que,
por un lado, el personal de los centros de salud remita a los pacientes
sin permiso de residencia a los hospitales, cuando la ley establece que
si es una emergencia se los debe atender ahí. Además, según Meseguer,
los hospitales “no han adoptado los protocolos de facturación a las
excepciones que recoge el Real Decreto de exclusión sanitaria”.
Uno de los documentos que prueban este hecho, y que los miembros de Yo Sí Sanidad Universal han repartido a la prensa, es la
hoja de admisión que hay que rellenar en el Hospital Ramón y Cajal.
Para que a una persona se la atienda sin que procedan a facturarle los
servicios, esta hoja recoge siete supuestos: miembros de mutuas
laborales, víctimas de un accidente laboral, de un accidente de tráfico,
de un accidente en transporte público de viajeros, de uno deportivo,
que el paciente esté en posesión de la tarjeta sanitaria europea o que
tenga tarjeta sanitaria española. El supuesto de que el paciente sea una
persona sin permiso de residencia ni siquiera se contempla como opción.
Tal y como ha explicado el portavoz del colectivo, el personal de admisión de los centros sanitarios
“recibe órdenes contradictorias con el fin de que se le denieguen los tratamientos
a las personas en situación irregular. Si le pasa algo a esta persona
una vez que sale del centro, el responsable es el personal que no lo
dejó entrar”. A esto hay que añadirle que el hecho de saber que se les
va a facturar la consulta, además de los carteles expuestos en algunos
centros donde se indica que no se atenderá a nadie que no esté en
posesión de tarjeta sanitaria, tiene como consecuencia un efecto
disuasorio. “Los inmigrantes sin papeles son personas en una situación
de extrema vulnerabilidad”, ha recordado Meseguer. “Y ante situaciones
como estas, prefieren no ir al centro de salud o al hospital que les
corresponde para no tener que pagar después la factura”.
El portavoz de Yo Sí Sanidad Universal ha querido recordar que este
filtrado ilegal se da antes de que los pacientes puedan llegar a los
médicos. “Muchos de los profesionales sanitarios de la Comunidad de
Madrid
se han declarado objetores respecto a este Real Decreto.
Sin embargo, no nos consta que ningún centro o ningún hospital, como
institución, haya hecho lo mismo”. Por otro lado, Meseguer ha relatado
cómo algunas de las personas a las que acompañan desde el colectivo del
que forma parte han terminado pagando la factura que se les ha enviado
después de haberlas tratado.
Sin embargo, según la ley, el cobro por estos servicios es ilegal. A
pesar de ello, ninguno de los afectados ha procedido a demandarlo
judicialmente por dos motivos. El primero que, dada la falta de
información que reciben por parte de los responsables políticos, ni
siquiera saben que pueden hacerlo. Pero, además, porque ya que
“el galimatías que se ha generado proviene de la ausencia de conocimiento por parte del personal
de admisión y facturación, consideramos que la situación debe
resolverse por la vía administrativa, y no en el siguiente paso, que
sería la vía judicial”.
Exigencias de Yo Sí Sanidad Universal
Todos estos hechos, recogidos en un informe que se ha presentado esta
mañana en la Consejería de Sanidad y que ya se presentó el pasado 22 de
mayo, han provocado que varios miembros del colectivo hayan acudido a
esta institución pública para recordar sus exigencias. En primer lugar,
“vista la incapacidad de las autoridades de la CAM para garantizar los supuestos que la ley establece”,
han recomendado “dejar de aplicar el Real Decreto de Exclusión
Sanitaria ya que, de lo contrario, seguirán en juego la salud y la vida
de muchas de las personas que actualmente residen en esta región”.
En el caso de que desde la Consejería rechacen esta propuesta, desde
Yo Sí Sanidad Universal exigen que se tomen las medidas necesarias para,
al menos, cumplir la ley que el propio Partido Popular elaboró hace dos
años y que, además de en Madrid, se está aplicando irregularmente en
otras comunidades como Valencia, Castilla-La Mancha o Cataluña, según
han informado los miembros del colectivo en estas regiones.
Estas
exigencias son:
1- Realizar una campaña de formación e información al personal
de todos los centros del SERMAS sobre las situaciones en las que las
personas sin permiso de residencia tienen derecho a la atención
sanitaria. Además, informarles sobre los procedimientos para dar de alta
como “transeúnte sin permiso de residencia” (figura contemplada en el
RDL) en el mismo centro, así como la garantía de cumplimiento por parte
del SERMAS por ser responsable último de este centro.
2- Prohibir los compromisos de pago que se les hace
firmar a los inmigrantes sin papeles en lugares como el Centro de Salud
Lavapiés, el Hospital Clínico o el Gregorio Marañón. Prohibir, asimismo,
la facturación sistemática en urgencias y establecer, en su lugar, un
protocolo que se adapte a la normativa aprobada en 2012.
3- Retirar las deudas generadas hasta el momento a
quienes se les haya facturado su atención en urgencias. Pablo Meseguer
ha recordado que, en el caso de que no se efectúe el pago de dicha
factura, “constará que estas personas tienen una deuda adquirida con la
Comunidad de Madrid, lo que supondrá una traba para aquellos que deseen
solicitar el permiso de residencia”. En este sentido, también exigen que
se les devuelva el dinero a quienes ya lo hayan abonado.
4- Retirada de los carteles disuasorios en los centros donde estén expuestos.
Algunos de los ejemplos que se recogen en el informe, entre otros, son
los del Hospital Doce de Octubre, el Ramón y Cajal, el Hospital
Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, el Centro de
Salud María de Guzmán, en la misma localidad, o el Centro de Urgencias
SUMMA 112 del Paseo Imperial, donde se advierte de que para ser atendido
hace falta presentar la tarjeta sanitaria o el DNI.
El informe también recoge pruebas de carteles disuasorios en
hospitales como el Gregorio Marañón, donde se informa de que el precio
público por la asistencia en urgencias no ingresadas oscilará entre los 180 euros para casos generales y los 190 euros para casos de traumatología.
El cartel, además, especifica que estos precios “no incluyen el coste
de pruebas diagnosticadas de alta complejidad, que serán facturadas
individualmente”.
