Organizaciones
sociales exigen una nueva regulación que recupere el derecho a la salud de
todas las personas
· Embarazadas, menores y solicitantes de asilo sin derecho a
ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud, apoyadas
por organizaciones de salud y derechos humanos, llevan a cabo un acto de
protesta frente al Ministerio de Sanidad
Madrid, 31 de
julio de 2019.- Un año después de la entrada en vigor del Real
Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud,
organizaciones de la sociedad civil exigen de manera urgente al Gobierno de
España una nueva regulación integral y garantista que sitúe en el centro de las
políticas el derecho a la salud y garantice el acceso al sistema sanitario en
condiciones de igualdad a todas las personas que
viven en España, sin distinción alguna.
Amnistía
Internacional, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER)
-integrada por más de 300 organizaciones y entre las que está Médicos del
Mundo- y Yo SÍ Sanidad Universal
manifiestan una profunda preocupación ante la actual exclusión sanitaria que
viven cientos de personas migrantes en España a pesar de que hace un año el
Gobierno anunciara que el país recuperaba el acceso universal al Sistema
Nacional de Salud.
Por ello, las
organizaciones se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social para protestar por esta situación mediante la
construcción de un muro que representa las dificultades a las que muchas
personas tienen que enfrentarse día a día. Varias personas que han sufrido la
exclusión del Sistema de Salud han compartido sus testimonios y finalmente han
derribado el muro.
Resulta particularmente
preocupante que, más allá de estas barreras, la nueva legislación no garantice
en todo caso y sin excepción la atención sanitaria de las personas
extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad: mujeres embarazadas, menores
de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en
urgencias hasta el alta médica. Cabe recordar que la obligación
de prestar especial protección a estas situaciones está reconocida por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el punto de que incluso una norma
tan restrictiva de derechos como fue el RDL 16/2012, la contemplaba de
manera expresa.
No son casos aislados
Durante este último año,
asociaciones como Médicos del Mundo han recogido más de 1300 casos de
vulneración del derecho a la salud, entre los que se incluyen 55 mujeres embarazadas; 116
menores de edad, 44 solicitantes de asilo, 85 facturaciones en
urgencias, 35 personas reagrupadas y 626 personas que no han podido ver
reconocido su derecho como consecuencia de las barreras administrativas
existentes y la ambigüedad de la legislación.
Como resultado de estas exclusiones, no han sido debidamente atendidas
enfermedades tan graves como el cáncer, enfermedades cardiovasculares,
hipertensión, VIH y salud mental.
“Recorrimos seis centros de salud y en todos nos negaron la asistencia.
Estaba de casi de ocho meses y no había pasado ningún monitoreo. No sabía si el
bebé estaba colocado, si venía enrollado (…) tampoco el sexo. Solo me quedaba
esperar que todo estuviera bien el día del parto”, explica Josefina –nombre
ficticio para proteger su identidad-, de nacionalidad peruana y reiteradamente
excluida de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid.
“La información cruzada te angustia. Cada vez que iba al centro de salud
me decían una cosa distinta”, dice Francisca, de origen chileno y con menos
de tres meses de estancia en España.
Además, las
organizaciones denuncian que el Gobierno se ha negado a abordar la exclusión de
las personas mayores que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación
familiar para vivir con sus hijos e hijas. Tras la reciente sentencia del
Tribunal Supremo que cierra la puerta al reconocimiento de su derecho por
la vía judicial, se impone la necesidad urgente de una modificación legislativa
que garantice el acceso al sistema sanitario para este colectivo, cuya edad
avanzada y frágil estado de salud no admite
dilaciones.
Una normativa ambigua
que da lugar a la interpretación
Tal y como ya
advirtieron las organizaciones firmantes durante el proceso de elaboración del
RDL 7/2018, la excesiva ambigüedad en la redacción del texto, así como la
introducción de múltiples condicionantes para el reconocimiento del derecho a
la atención sanitaria –la estancia superior a 90 días, la obligación de aportar
documentación de difícil obtención como es el certificado de no exportación del
derecho o la exigencia de que no exista un tercero obligado al pago (por
ejemplo un seguro médico)- son una puerta abierta a
la persistencia de situaciones de exclusión, pues levantan barreras
infranqueables para muchas personas.
A pesar de que el
RDL 7/2018 ha constituido un avance para el Sistema Nacional de
Salud en la medida en que reniega del modelo de aseguramiento del
anterior reglamento -RDL 16/2012-, la nueva regulación es claramente
insuficiente, ya que no solo no recupera el nivel de acceso previo a la reforma
de 2012 sino que, en algunos aspectos, es incluso regresiva
respecto a lo recogido en dicha reforma, al no mencionar expresamente en todo caso y sin excepción, tal y como se
indica más arriba, la atención sanitaria de las personas
extranjeras en situación de mayor vulnerabilidad.
Por ello, las
organizaciones recuerdan una
vez más al Gobierno los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos
internacionales sobre derechos humanos, en particular las recomendaciones
emitidas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales al Gobierno
español en abril de 2018 que instan a adoptar las medidas necesarias para que
las personas migrantes tengan acceso a los servicios de salud sin
discriminación alguna.
Una sanidad que priorice la prevención otorgando cobertura a toda
la población, sin exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el número de hospitalizaciones y
minimiza los riesgos de salud pública, entre otras– fortaleciendo el Sistema
Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad.
Las organizaciones rompen el muro de la
exclusión frente al Ministerio
Fruto del compromiso de estas organizaciones
con el acceso universal a la salud, se concentraron esta mañana frente a las
puertas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para reclamar un
derecho que es de todos y todas.
Han sido las
propias personas excluidas quienes hoy han compartido sus testimonios frente a
un muro ficticio que se ha construido con mensajes de denuncia y que representa
ese muro real que las ahoga día a día.
Al final
de la lectura del manifiesto, las organizaciones han tirado de forma simbólica
el muro levantado, con la esperanza de que a corto plazo cientos de personas
que sufren exclusión puedan derribar el que levanta el Gobierno a diario contra
ellas y que la exclusión sanitaria deje de ser un hecho en nuestra sociedad.
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