El INSS le negaba a Hilda Castro, pensionista de 77 años, el
derecho a ser atendida en la sanidad pública en Barcelona, donde reside
con su hija.Yo Sí Sanidad Universal estima que “no es un error puntual
sino una parte más del entramado jurídico, social y sanitario, que solo
sirve para generar sufrimiento.”
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Barcelona, 23 de diciembre de 2014. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña ha dado la razón a la familia Traspalacio Castro y a su abogada
Laia Costa, que colabora con Yo Sí Sanidad Universal, frente al Instituto Nacional
de la Seguridad Social. El INSS le negaba el derecho a la asistencia sanitaria a la
madre, Hilda Castro, pensionista de 77 años y con permiso de residencia asociado
a su hija, Zulay Marlem Traspalacio Castro, de nacionalidad española.
Con esta sentencia, el tribunal reconoce el derecho a la asistencia sanitaria a las
madres y padres que, procedentes de países no miembros de la Unión Europea,
vienen a España a vivir con sus hijos e hijas, los cuales llevan mucho tiempo
residiendo aquí y en muchas ocasiones cuentan con la nacionalidad española. El
INSS niega cada día la tarjeta sanitaria a estas personas mayores y esta sentencia
es ahora una herramienta para poder denunciar y revertir esas denegaciones.
“Como vecinas y vecinos que construyen sanidad universal queremos señalar la
importancia de estas sentencias, porque otorgan un derecho arrebatado a una
familia y porque abren la posibilidad de que otras puedan recuperarlo también”,
señalan desde Yo Sí Sanidad Universal, colectivo que ha decidido poner a
disposición de todas las personas en la misma situación los documentos
necesarios para poder presentar similares denuncias ante
“las denegaciones del
reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria que el INSS emite a diario”.
La historia de Hilda
Hace ya más de un año, el 14 de agosto de 2013, Hilda, pensionista venezolana de
77 años que vive con su hija española en Barcelona desde 2011, solicitó en el INSS
su derecho a la asistencia sanitaria cumpliendo los requisitos al no ingresar más de
100.000€ al año y contar con permiso de residencia como familiar de ciudadano de
la Unión, válido hasta 2017. El INSS tardó un mes en responderle que no le
concedía el derecho (lo hizo el 17 de septiembre). Alegaba el Instituto que Hilda
tendría que haber contado con un seguro privado para obtener su permiso de
residencia y que, por tanto, no le correspondía contar con “sanidad pública y
universal”.
“Esto significa que personas mayores y a menudo con enfermedades no pueden ir
al centro de salud. Y tampoco pueden contar con seguros privados porque las
compañías no suscriben pólizas a ancianos enfermos. Así ocurrió con Yunia y su
padre, ya fallecido, al igual que con otras familias cuyo testimonio y el de sus
acompañantes se recoge en el informe REDES”, explican desde el colectivo.
Hilda y su familia, junto con la abogada Laia Costa y el apoyo de Yo Sí Sanidad
Universal, decidieron denunciar esta denegación del INSS.
En mayo de 2014, el
Juzgado de lo Social número 20 de Barcelona les dio la razón. Dictó que el INSS
aplica erróneamente la normativa y reconoció el derecho a la asistencia sanitaria
con cargo a fondos públicos de Hilda, en la sentencia 209/14. Este texto cita otra
sentencia similar emitida por el STSJ de Castilla y León en enero de 2014.
El INSS planteó un recurso de suplicación contra la decisión de este Juzgado de lo
Social de Barcelona, para obtener similar respuesta por parte del Tribunal Superior
de Justicia de Barcelona, con sentencia núm. 7623/2014 de 17 de noviembre de
2014, que vuelve a dar la razón a la familia y a su abogada.
Para Yo Sí Sanidad Universal,
“el hecho de que instituciones de la Seguridad Social,
como es el INSS, usen de forma injusta e irregular legislaciones de extranjería para
excluir a personas de la sanidad es, pensamos, no un error puntual sino una parte
más del entramado jurídico, social y sanitario, lleno de arbitrariedad para generar
sufrimiento”. “Por este motivo, volvemos a pedir la derogación del decreto de
exclusión sanitaria que los vecinos y vecinas, junto con profesionales que trabajan
en el sistema pública de salud, ya están haciendo inefectivo cada día en sus barrios
a través de la desobediencia”, concluyen.
Legislación a consultar
RD‐l 16/2012, de 20 de abril, artículo 1.2
RD 1192/12, de 3 de agosto, artículo 2b)3
RD 240/2007, de 16 de febrero, artículos 7 y 8
Ley 16/2003, artículo 3bis
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En el marc d’una sessió del Parlament Ciutadà celebrat al Paraninf de la
Facultat de Medicina de la UB, (Hospital Clínic), el passat dissabte 28 de febrer va néixer la
Marea Blanca de Catalunya, Marea de Salut per a totes, como a espai
comú de mobilització, confluència i coordinació de la defensa de la
salud i la sanitat a Catalunya.
Fa uns dies es
va publicar una entrada al bloc del PTAC(Punt de trobada d’afectades per la crisi) denunciant un nou cas de
denegació d’atenció a una embarassada a l’ASSIR de Sant Andreu. Ràpidament l’Institut
Català de la Salut (ICS) de Barcelona va publicar un comunicatal seu web i diverses piulades
a les xarxes socials on desmentia aquesta informació i afirmava que aquesta
dona havia estat atesa sense cap problema a l’ASSIR de Sant Andreu. 
